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España suspende en accesibilidad web para las personas discapacitadas

accesibilidad web

Según la normativa vigente desde 2007 (y sancionable desde Enero del 2009) sobre accesibilidad web, las páginas de las Administraciones y Entidades públicas deben cumplir ciertos parámetros para garantizar que todos los ciudadanos puedan percibir, entender, comunicarse e interactuar con las mismas. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, las barreras digitales que puedan obstaculizar el acceso a los contenidos, productos o servicios de Internet por parte de los organismos públicos.

Para acceder a estos contenidos, muchas personas deben utilizar tecnologías de apoyo, que muchas veces requieren de ciertos conocimientos para que puedan ser usadas eficazmente. Y no solamente nos referimos a personas que sufren alguna discapacidad, sino también para aquellas que por cualquier motivo pueden resultar beneficiosas como es el caso de personas con poca experiencia en la red, personas mayores o personas que estén aprendiendo el idioma o que hablen solamente una lengua. El fin es acabar con la discriminación de los usuarios sin importar si tienen o no alguna minusvalía.

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Es cierto que Internet ha supuesto una salto muy cualitativo en la vida de las personas, haciendo que sus tareas diarias sean más sencillas de una forma autónoma, cómoda y sin tener que salir de casa, pero las barreras digitales continúan siendo más que evidentes para las personas discapacitadas. Por este motivo, cuando la Administración Pública pone al servicio de los ciudadanos la posibilidad de hacer gestiones o acceder a cierta información a través de la red debe ser consciente de dichas barreras. Y es que además de por cuestiones de ética, así lo establece la Ley sobre Accesibilidad Web desde el año 2007, como comentábamos al inicio.

Lamentablemente, esta normativa ha sido y sigue siendo incumplida reiteradamente por la mayoría de Entidades Españolas y empresas de especial trascendencia económica obligadas a ello. Si realmente se estuviera garantizando este derecho, estás páginas deberías asegurar el nivel medio de accesibilidad de la WCAG 2.0. en sus contenidos. Además de facilitar un canal de interlocución telemática que les permita, a través del certificado electrónico, realizar todos los trámites que pueden llevar a cabo sin problemas las personas que no sufren ninguna discapacidad.

El incumplimiento de esta normativa incurre en infracciones calificadas como graves por discriminación a este colectivo. Una discriminación que supone un trato menos favorable a las personas con discapacidad. Siendo la cuantía de la multa de 1 millón de euros más intereses y sanciones que impedirán a la entidad en cuestión recibir subvenciones o ayudas públicas.

En estos casos, las personas discapacitadas pueden interponer una denuncia ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad sin ningún coste. El problema es que aunque en la actualidad hay expedientes abiertos en fase administrativa, hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción, acabando todos ellos de forma amistosa o archivados.

El consultor web  Jose Miguel Moreno Arrabal, que actualmente reside en Málaga y que sufre de un 89% de discapacidad sensorial (vista y oído), ha realizado una investigación al respecto tomando como muestra para su estudio a 85 webs de entidades y empresas obligadas a cumplir con la legislación. Estos son los resultados:

  • 66 no son accesibles y 32 usan Inclusite.
  • 19 incluyen características de accesibilidad web.
  • Solamente 12 son realmente accesibles.

Lo más curioso es que las compañías telefónicas y las entidades bancarias parecen ser los únicos que están más concienciados con el tema. Aunque esto no quiere decir que lo sean por completo, ya que al no ser cliente, Moreno Arrabal no ha podido comprobar la operabilidad de la web totalmente.

Sin duda, lo más decepcionante ha sido ver cómo 66 entidades y empresas ni siquiera se han preocupado por mejorar sus páginas en este aspecto. Y sin importar cual sea el motivo, lo cierto es que no deberían dejarlo pasar por más tiempo pues, por ley, están obligadas a ello.

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